(9
de mayo de 2006)
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En el año 2005, Médicos del Mundo adoptó un posicionamiento
político y estratégico firme en cuanto a la prostitución y al tráfico y
trata de mujeres con fines de explotación sexual.
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Para lograr este objetivo, se establecieron una
serie de pautas metodológicas que han permitido tanto el estudio y la reflexión frente
esta realidad social, como la asistencia directa a las personas prostituidas con las que
Médicos del Mundo trabaja en el territorio nacional desde hace más de 15 años.
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A este efecto, se celebraron Encuentros con otras
Organizaciones e Instituciones públicas y privadas, se promovió la realización de Talleres,
Jornadas y Seminarios, a los que asistió tanto el personal asalariado como voluntario de
la ONG, se participó en charlas, coloquios y conferencias en la materia, se recopiló
información, a partir de documentación y entrevistas, y se elaboraron documentos
propios. Finalmente, se creó un grupo de trabajo de posicionamiento interno en
prostitución, impulsado desde el Área de Sensibilización y Comunicación en coordinación
con el Área de Género, en el que se dio cabida a la participación de representaciones
de todos los estamentos de MdM, tanto autonómicos como centrales, plasmándose los resultados
en un documento, al que se dio difusión interna para su conocimiento, y que fue
posteriormente debatido y aprobado por el Pleno de MdM.
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El posicionamiento al que se ha llegado es que la
actividad de la prostitución vulnera los derechos humanos de las mujeres prostituidas y perjudica
gravemente su salud y su calidad de vida, constituyendo una forma más de
violencia de género.
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-Que la inmensa mayoría de las mujeres prostituidas
en nuestro país proceden, también en su inmensa mayoría, de países empobrecidos o
en conflicto y llegan a España a través de redes de trata y tráfico o bien impulsadas por
una necesidad vital.
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-Que incluso las mujeres que dicen ejercer la prostitución
como una opción de vida libremente elegida están afectadas en su mayoría
por historias de vida con marcados episodios que las predisponen a tener una baja autoestima
personal y a considerarse a sí mismas como posible objeto de uso y transacción,
disminuyendo su capacidad para explotar otras capacidades y estrategias de supervivencia.
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-Que la explotación de esta vulnerabilidad por terceros
es una indignidad, y un delito reconocido en el Código Penal español, tras la reforma
introducida en el año 2003, y que la ingente cantidad de beneficios económicos que
esta actividad produce, a las personas sin escrúpulos que las rentabilizan, está pesando
en la campaña por la promoción y difusión de esta práctica e intenta generar una
demanda de mercado que no se
corresponde ni con una necesidad humana real ni
con la pretendida liberalización de la sexualidad femenina actual, ni con la búsqueda de
la igualdad entre hombres y mujeres de nuestra Sociedad
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-Que, para lograr sus objetivos, estos agentes están
utilizando todos los medios de publicidad y difusión a su alcance, incluidas las
nuevas tecnologías, y proponen, principalmente a través de la pornografía, un uso
irresponsable del cuerpo de las mujeres, que alcanza dramáticamente también a los menores,
en el que se exploren sus límites y se alcance el máximo provecho, sin tener en cuenta
para nada las graves consecuencias para las victimas.
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-Que, como consecuencia de que la mujer española
media actual ha conseguido el acceso legal a los recursos que le permiten el ejercicio
de sus derechos a la educación, al trabajo, a la salud y a la dignidad y la igualdad, entre
otros, no estamos dispuestas a someternos a prácticas vejatorias y nocivas para nuestra salud
y es por lo que, como subterfugio, se encuentra factible recurrir a la violencia o al
mercado que ofrece la prostitución, por parte de quienes se encuentran legitimados para ello.
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-Que aunque no sólo son mujeres las personas prostituidas,
encontrándose también niñas, niños y algunos varones en este colectivo,
la prostitución la ejercen mayoritariamente mujeres, para hombres mayoritariamente,
y refleja la histórica desigualdad de género que tanta injusticia alimenta.
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-Que en el debate social acerca de la prostitución
no se encuentra de buen gusto reflejar las actividades que se llevan a cabo en la actividad
de la prostitución, ocultando de esta manera la principal fuente de disconfort e insalubridad
de la misma y que esta restricción es tan absurda como pretender hablar de arquitectura
sin que puedan mencionarse los planos, pero favorece a quienes se benefician de
ella: tanto proxenetas como usuarios.
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-Que estos últimos, también llamados, de forma aséptica,
clientes, tienen la máxima responsabilidad en la pervivencia de la institución
de la prostitución y en los riesgos que conlleva su exigencia de tener sexo sin utilizar
medidas de prevención de contagios de infecciones de transmisión sexual ni de embarazos
no deseados, así como de solicitar otras prácticas que perjudican la salud y la integridad
de las mujeres.
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-Que los usuarios de la prostitución adquieren la
máxima responsabilidad cuando utilizan mujeres o menores con evidentes signos de secuestro
y violencia sin rechazar esta situación ni denunciarla.
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-Que la institución de la prostitución, aunque venga
de antiguo o precisamente por eso, se asienta en unos dogmas y prejuicios que no tienen
sentido en la sociedad actual y causa tanto daño que debe lucharse por su erradicación,
utilizando para ello distintas medidas que están al alcance de los poderes públicos.
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-Que la dificultad que la tarea parece conllevar
no debe desanimarnos sino, por el contrario, debe estimularnos a la lucha por su culminación.
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-Que la reglamentación de la prostitución es una
medida que sólo pretende minimizar los riesgos de esta actividad, pero que no sólo no lo
consigue sino que cronifica la situación y atenta contra la posición de las mujeres en la sociedad
y su lucha por la igualdad, rebajando su potencial humano y dejando como herencia
a las nuevas generaciones que todas las mujeres somos susceptibles de alquiler
para el ocio de unos y de mercadeo para el provecho y enriquecimiento de otros.
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-Que la posibilidad de considerar el ejercicio de
la prostitución como una actividad laboral o profesional se contradice con el espíritu mismo
del derecho laboral y mercantil, de los que se intenta erradicar todas aquellas actividades,
profesiones u oficios que se consideran insalubres, nocivas, perjudiciales para la salud
o que atentan contra la dignidad humana.
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-Que el fenómeno de la prostitución es global, político,
económico, social y afecta a los derechos humanos y que la instrumentalización de
la necesidad humana es incompatible con un Estado de Derecho.
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-Que la reflexión desde una perspectiva local en
un fenómeno con repercusiones globales lleva al error y que debe estudiarse las consecuencias
de la reglamentación de la prostitución, en los países donde ésta se ha llevado
a cabo, contrastándola con las consecuencias que se producen en otros países donde
está práctica se intenta erradicar.
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-Que la ética, aplicada al terreno de los derechos
humanos de las mujeres, no tiene por qué ser reconducida siempre al terreno de lo moral
y lo privado sino que ha de ponerse en relación con la filosofía y los grandes principios
conquistados en el desarrollo social.
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Por todo ello, Médicos del Mundo pone a disposición
de la más alta Institución democrática del Estado, en el seno de esta Ponencia
que la representa, su experiencia en el campo de la atención socio-sanitaria a personas
prostituidas, esperando ser de alguna utilidad y basándose en los fundamentos y criterios
que se exponen a continuación.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROSTITUCIÓN
EN NUESTRO PAÍS.-
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Durante nuestra experiencia de más de quince años,
hemos observado como la prostitución ha evolucionado en la última decena
reflejando el propio cambio de la sociedad; ya que si bien a principios de los 90
el sector de la prostitución al que atendíamos lo ocupaban mayoritariamente mujeres
que, por su condición de
consumidoras de drogas, recurrían a prostituirse
para financiarse su dosis y / o la de su compañero, desde mediados a finales de los 90 el
perfil de la prostitución, en general, se ha visto afectado por el fenómeno de la migración.
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Las personas pertenecientes a este grupo han tenido
que salir de sus países de origen por la pobreza extrema, por razones políticas o a causa
de conflictos y, para sacar a sus familias adelante o simplemente para poder vivir,
en muchos casos devienen en la prostitución. Sin olvidar tampoco el amplio número
de redes de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual que han surgido en los
últimos años.
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La relación entre las personas inmigrantes prostituidas
y las redes de tráfico se manifiesta tanto en las formas de explotación como en la coacción
que se ejerce sobre aquellas e incluso sobre sus familias. En el ámbito del tráfico
y la trata de personas con fines de explotación sexual, delitos ambos de carácter internacional
que se perpetran con el objetivo final de fomentar la prostitución a la
que sirven, el proxeneta, empleando la violencia, la intimidación o el engaño, o abusando
simplemente de su situación de
superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de
la victima, determina que la persona ejerza la prostitución, con o sin consentimiento
de la misma, para lucrarse de ello.
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El consentimiento de las personas sometidas a trata
o tráfico, al igual que el de las menores a ser vejadas sexualmente, no será tenido
en cuenta, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Palermo de 2000,
por razones obvias: las coacciones y violencia sufridas consiguen con altísima frecuencia
obtener una persona sometida y dispuesta a complacer por temor a las represalias.
Las consecuencias para la salud mental son gravísimas. Los mal llamados clientes, sin embargo,
no parecen tener la más mínima sensibilidad hacia los signos que evidentemente
presentan estas mujeres de maltrato físico y psicológico, ni hacia su estado de reclusión que,
por el contrario, puede ser considerado incluso como un plus de garantía para poder dar
rienda suelta a los abusos.
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Analizando los datos ofrecidos en los informes elaborados
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre “Trata y tráfico de
personas con fines de explotación sexual” se evidencia que alrededor de 4 millones
de mujeres son vendidas cada año para ser introducidas en el mercado del sexo, alrededor
de 2 millones de niñas entre 5 y 15
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años son introducidas en la prostitución y que,
España se ha convertido en un de los países europeos con mayor demanda de servicios sexuales
pagados.
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Los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior
ponen de manifiesto, a su vez, que el número de mujeres procedentes de América Latina,
África Subsahariana y Europa del
Este que acceden al territorio europeo de manera
irregular aumenta progresivamente.
Por todo ello, se puede afirmar que un elevado porcentaje
de las mujeres con las que trabaja Médicos del Mundo se encuentran inmersas
en este tipo de redes, puesto que el 90% del colectivo que recibe asistencia socio sanitaria
en los servicios que se ofertan son mujeres inmigrantes en situación administrativa
irregular, estando muchas de ellas totalmente indocumentadas.
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Un porcentaje bastante elevado dentro del grupo
de mujeres procedentes de África Subsahariana, son mujeres jóvenes, cuyas edades
oscilan entre los 18 y los 24 años, con un nivel de formación básico, mantenedoras de su
familia en el país de origen y que desconocen nuestro idioma.
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Su proceso migratorio viene caracterizado por la
clandestinidad y por ser relativamente largo, ya que la mayoría de ellas invierte una media
de entre 1 y 3 años para poder salir de su país y alcanzar las costas del nuestro.
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Se trata de mujeres que, en su inmensa mayoría,
se encuentran traficadas e inmersas en redes organizadas. Para garantizar la explotación
sexual de estas mujeres africanas y el pago de las deudas contraídas, se practican desde
el propio país de origen rituales de magia negra o “yuyu” que terminarán por condicionar
definitivamente la vida de estas mujeres en España, puesto que el miedo y el control
psicológico que ejerce esta práctica les impedirá en la mayoría de los casos denunciar
esta situación y moverse con libertad.
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El proceso de inserción en la sociedad de acogida
viene determinado, por tanto, por la desconfianza que manifiestan en sus relaciones tanto
con las organizaciones de ayuda a personas inmigrantes como con la población autóctona.
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A nivel social, la ausencia de relaciones con personas
de nuestro país marca la vida cotidiana, puesto que la mayoría de ellas manifiesta
no tener ningún tipo de vínculo con gente del país a excepción de quienes se benefician
de ellas sexualmente. El rechazo social, el desconocimiento del idioma, el tipo de
actividad que ejercen o la ausencia de autorización de residencia son, entre otros, los
elementos que destacan como factores que pueden explicar este hecho.
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En cuanto al ejercicio de la prostitución, se puede
hablar de la existencia de diversos espacios utilizados: prostíbulos, la calle y en
menor medida los clubes. Estos espacios van a condicionar directamente el comportamiento de estas
mujeres y nuestro acceso a su realidad.
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En cuanto a la situación sanitaria, la población
que se atiende tiene grandes dificultades para acceder al sistema público de salud durante
los primeros años de estancia en nuestro país, ya que en numerosas ocasiones les resulta
imposible cumplir con los requisitos establecidos para acceder a la cobertura sanitaria
como personas sin recursos económicos suficientes.
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Se trata de una población en principio sana, a pesar
de haber sido víctimas en su mayoría de mutilación genital al haberles practicado distintos
tipos de ablación, que basa su concepto de salud-enfermedad en mitos y donde el
uso de remedios caseros y la automedicación para afrontar cualquier tipo de dolencia
está bastante generalizado.
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Son mujeres con escasa formación acerca de la sexualidad,
desconocen en su gran mayoría el uso de los métodos anticonceptivos o
los utilizan erróneamente, de ahí el elevado número de embarazos no deseados y de abortos,
realizados tanto en su país de origen como en el nuestro, situación que se ha puesto
de manifiesto a través de las consultas de ginecología.
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Frente a la realización de la serología, las mujeres
que acuden por primera vez al servicio manifiestan temor y angustia, tanto a la hora de
la extracción como a la hora de recoger los resultados. Este hecho puede estar directamente
relacionado con el rechazo social que supone la infección por VIH y la estigmatización
social de las personas infectadas, tanto en el país de origen como en el nuestro.
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El colectivo de mujeres latinoamericanas está representado
por un grupo cuya media de edad oscila entre los 25-34 años. Se trata de mujeres
cuyo tiempo de residencia en nuestro país es mayor respecto al de las mujeres
africanas, por lo que muchas de ellas cuentan con autorización de residencia y / o trabajo
y se encuentran en la etapa de asentamiento dentro de su proceso migratorio.
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El nivel formativo es medio-alto ya que muchas de
ellas han cursado estudios universitarios o algún tipo de formación profesional,
ejerciendo en su país de origen una profesión remunerada. Los problemas vienen a la
hora de homologar los títulos.
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El proceso migratorio de estas mujeres se caracteriza
por la ausencia de evaluación previa del coste psicosocial de la emigración, puesto que
no existe una valoración realista de las diferencias culturales, sociales y laborales entre
el país de origen y la nueva sociedad de acogida. Este hecho va a condicionar el nivel de
cumplimiento de las expectativas que traían, manifestando muchas de ellas que no han
logrado alcanzar sus objetivos.
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Al encontrarse en situación regularizada, han iniciado
procesos de reagrupación familiar, por lo que cuentan con la presencia de sus hijos
y familiares en España.
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La inserción en la sociedad de acogida está determinada
por la doble vida que mantienen estas mujeres; por una parte son madres de hijos
escolarizados, vecinas con un nivel económico considerable, mantenedoras de su familia
en el país de origen y por otro, ejercen la prostitución como medio para generar
ingresos económicos e intentar mantener su estatus social. Esta situación genera
un nivel de estrés bastante alto, puesto que manifiestan miedo y temor a ser descubiertas
por sus hijos o familiares en cualquier
momento.
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Han fijado su residencia en zonas menos estigmatizadas
y más normalizadas dentro de las ciudades, lo que les permite relacionarse con residentes
y establecer algún tipo de vínculo social que no esté relacionado con la actividad
que ejercen.
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Los espacios utilizados para el ejercicio de la
prostitución son sobre todo clubes, o bien domicilios particulares que alquilan ellas mismas.
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Desde el punto de vista sanitario, se trata de una
población también en principio sana y con un nivel de información-concienciación medio-alto
con respecto al cuidado de su salud.
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Las mujeres procedentes de la zona del Magreb, siguen
siendo relativamente pocas aunque el número de mujeres marroquíes aumenta progresivamente.
Una de las dificultades para acceder a ellas es, sin duda,
la barrera del idioma.
Son mujeres cuyas edades oscilan entre los 25-34
años que han abandonado su país de origen por la precariedad económica del mismo y
por las dificultades que encuentran para ejercer una actividad laboral remunerada.
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Tanto en el proceso migratorio como en el de inserción
social, se ven apoyadas por la población árabe residente en España, al existir
redes consolidadas de compatriotas que les sirven, por una parte, para abandonar el país y,
por otra, para realizar la primera acogida al ofrecerles alojamiento temporal y ubicarlas en un
nuevo contexto sociocultural.
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Este colectivo ejerce tanto en casas como en la
calle, utilizando pensiones o su propio domicilio para citar a los clientes. Mayoritariamente
iniciaron el ejercicio de la prostitución en su país de origen, donde el uso del preservativo
es prácticamente nulo, situación que siguen manteniendo muchas de ellas, ya que mantener
relaciones sexuales sin ningún tipo de protección les permite aumentar sus ingresos
económicos, aumentando a su vez los factores de riesgo frente a las infecciones de transmisión
sexual y el VIH.
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El grupo de mujeres procedentes de Europa del Este,
está representado fundamentalmente por jóvenes polacas, rusas y rumanas.
Son mujeres que se muestran excesivamente desconfiadas y reacias a hablar sobre
su situación personal y social en este país.
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Algunas de ellas han optado por el matrimonio con
clientes o por tener hijos nacidos en España para regularizar su situación, aunque muchas
siguen manteniendo la irregularidad al no contar con la documentación necesaria para convertirse
en residentes.
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El trabajo que hemos realizado con ellas se ha centrado
fundamentalmente en favorecer su acceso y el de sus hijos al servicio público
de salud a través de la tramitación de la cartilla sanitaria como personas sin recursos económicos
y al acompañamiento en los procesos jurídicos relacionados con la inmigración.
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Se hace necesario en este análisis destacar como
potencialidades de todas estas mujeres con las que trabajamos su gran fortaleza psicológica,
su capacidad de lucha por mejorar y su paulatina implicación en el proyecto.
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Atendiendo a lo expuesto hasta ahora, y recordando
la relación causal que establece el Informe de la Guardia Civil del año 2000 entre la
legalización del proxenetismo, introducido por la reforma del Código Penal de 1995,
y el florecimiento de redes de tráfico y trata en nuestro país, fomentándose paralelamente
el incremento de la demanda de prostitución, debemos reflexionar responsablemente
sobre las consecuencias futuras de legitimar la comercialización de la sexualidad
y su consumo.
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En la experiencia de MdM entra también la atención
socio sanitaria a mujeres transexuales que ejercen prostitución. Se trata,
en este caso, de un grupo de edad ligeramente mayor que el de resto de mujeres dedicadas
a la misma actividad: el 47% de las mujeres transexuales atendidas tienen una edad
comprendida entre 25-44 y, aunque existen grandes diferencias entre las cifras comprobadas
en distintas Comunidades
Autónomas, más del 50% de ellas son de origen latinoamericano.
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En este último año, también ha habido un acercamiento
a la realidad de la prostitución masculina, yendo a los lugares donde ésta se ejerce.
Una vez allí, se ha ofrecido información acerca de prácticas sexuales seguras
y se ha ofrecido igualmente material preventivo a un grupo reducido de hombres que va
en aumento.
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Por otra parte, comenzamos a recoger datos sociodemográficos
de esta población y, a priori, nos encontramos con un mayor número de jóvenes
nacionales que de extranjeros, si bien este último aumenta progresivamente. Se
trata de hombres entre 19 y 35 años que, por lo general, llevan ejerciendo prostitución
desde la adolescencia y cuyos clientes son varones homosexuales.
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Cabe destacar durante esta experiencia la detección
de la existencia en este colectivo de jóvenes magrebíes, que incluso podrían llegar a
ser menores de edad.
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El colectivo de hombres que ejercen la prostitución
en la calle sigue siendo comparativamente minoritario respecto al de las
mujeres y al mismo tiempo menos visible, pero la influencia de las migraciones también
es patente en su composición.
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En cuanto al usuario de la prostitución, puede definirse
como aquella persona que solicita o demanda servicios sexuales a otra persona
o personas a cambio de una cantidad económica. El usuario forma parte intrínseca e indivisible
de la prostitución, es un elemento esencial sin el cual la prostitución no
podría existir. Y, al igual que la persona prostituida, el usuario de la prostitución también
se prostituye en este intercambio de sexo por dinero, en el que no sólo se compran servicios
sexuales sino que se compra obediencia, simulación, servilismo, sometimiento,
degradación y todo tipo de vejaciones, también llamadas fantasías, de acuerdo a los gustos
del comprador.
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En la “Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales”, realizada
en 2003 por el INE con la colaboración de la Secretaría del Plan Nacional
sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad y Consumo, en la que se entrevistaron 10.838 personas,
“el 27,3% de los hombres entrevistados que habían mantenido relaciones sexuales
, dijeron haberlas mantenido alguna vez con personas que ejercen la prostitución,
aunque solamente el 6,7 lo había
hecho en los últimos doce meses”.
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El perfil del usuario que acude a la prostitución
no está determinado, los estudios identifican esta persona como cualquier hombre heterosexual
que acude a los servicios de una mujer que ejerce la prostitución, “no le
caracteriza ni rasgos físicos, ni psíquicos, ni afectivos, tampoco su estatus económico”.
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Se han realizado pocos estudios sobre los llamados
clientes, aunque sobre la base de diversas entrevistas con hombres que acceden a los
servicios sexuales, se identifican tres conjuntos de causas para este comportamiento: la
curiosidad, la variación sexual y la comodidad; la soledad y el problema de establecer
contacto, así como los problemas en
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las relaciones con su pareja estable. Causas todas
ellas que no son ni propias y exclusivas del sexo masculino, ni a nuestro entender constituyen
base suficiente para sostener el actual mercado de esclavos que va en aumento.
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Un tercer protagonista, con el papel de lucrarse
como intermediario a costa del comercio sexual de otros, es el proxeneta, ya sea individual
o colectivo organizado en redes. A lo largo de los últimos años, se han identificado varios
tipos de organizaciones, que se podrían clasificar de la siguiente forma:
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Grandes Organizaciones con una estructura jerárquica
internacional, con contactos políticos y económicos a todos los niveles, tanto
en los países de origen como en los países de destino. Sus operaciones están normalmente
tras una fachada legal y se apoyan en un perfecto conocimiento de la legislación y
de las prácticas administrativas de los países de tránsito y destino. Prometen elevados
ingresos a las victimas, acordando con ellas su actividad (bailarinas, camareras, prostitutas
o azafatas), aunque en la mayoría de
los casos se les promete un buen puesto de trabajo
sin aludir a la prostitución.
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Organizaciones de Tamaño Medio, que mantienen a
las víctimas bajo su control sin venderlas, diferenciándose así de las grandes organizaciones,
y poder colocarlas en sus propios clubes o burdeles. Los métodos que utilizan
para someter a las víctimas se basan en las agresiones, violaciones, castigos e incluso
suministro de drogas para doblegar su voluntad.
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Las Organizaciones Pequeñas, a su vez, suministran
tanto mujeres como hombres a cabarés o establecimientos similares.
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El último intento práctico de alguna organización
de proxenetas en favor de la promoción de la prostitución consiste en desvirtuar el sentido
de la prostitución como modelo patriarcal de sexualidad. Proponen la creación de
burdeles de hombres para mujeres, favoreciendo que éstas últimas se sumen también
a “una explotación del cuerpo tradicionalmente reservada a clientes masculinos”.
A explicar este esfuerzo se dedica la página 8 del periódico El País del día 30 de abril
del presente año 2006. De momento, explican, los precios son más altos que en la prostitución
femenina porque “una mujer necesita estar relajada”. Por eso, entre otras diferencias,
el tiempo mínimo del servicio para ellas es el doble que para ellos.
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En la página 36 de este mismo periódico, del mismo
domingo de abril, se puede leer en titulares: “España figura entre los principales
destinos del tráfico de personas, según la ONU”, y continúa el artículo con el detalle de los
millones de personas, principalmente mujeres y niñas, destinadas a la explotación sexual
en el planeta, sus países de procedencia y sus destinos. El estudio de la ONU,
con datos de organismos internacionales, gobiernos y ONG entre 1996 y 2003,
lamenta la escasa persecución de la
trata de personas. Asegura que un camino para combatirla
es acabar con el mercado que da beneficios a los delincuentes y actuar contra
“los intermediarios que han levantado una industria criminal a base de negociar con seres
humanos” y “contra los beneficios económicos que genera”. Asimismo, continúa “Naciones
Unidas afirma que la lucha contra la esclavitud sexual y laboral requiere una
respuesta global frente a la ineficacia actual”.
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 Esta máxima “piensa globalmente, actúa localmente” sí que ha demostrado
su eficacia en la lucha por el desarrollo humano. Por el contrario,
la tendencia actual en el fenómeno de la prostitución es el pensamiento local frente a
un problema global, grave y de derechos humanos. Dicha tendencia, orquestada y fomentada
por los mismos sectores que se benefician de ella, propone soluciones parche: “ya
que existe, mejor lo regulamos”; fomenta el divide y vencerás: “tráfico no – prostitución
sí”, como si no fueran ambos tan sólo aspectos de un mismo problema -como también
ha denunciado la Relatora Especial de las Naciones Unidas en su Informe 2005-
que revitalizan la pervivencia del mercadeo de personas, ya sea intra o trans fronterizo,
“prostitución forzada no – prostitución libre sí”, generando el clásico debate
entre libertad e igualdad al que
recientemente empezamos a incorporarnos las mujeres
de las sociedades más desarrolladas; y, por último, intentando avergonzar
a las personas que nos oponemos a esta explotación mercantilista de la dignidad, la
intimidad y la sexualidad humanas, tachándonos de moralistas, mojigatas y excesivamente
teóricas. Cuando, por el contrario, la prostitución es una de las más rancias instituciones
esclavistas, fruto de la dominación de unos grupos humanos sobre otros y de prejuicios
sobre la liberalización de la sexualidad femenina, mientras que la ética y el
pensamiento han sido los motores de los avances individuales y sociales que algunos pocos
disfrutamos hoy en día.
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No es eficaz, por tanto, a diferencia de lo que
opinan algunas organizaciones de mujeres que se autodenominan feministas, empoderar a las
prostitutas de cualquier ciudad española para que puedan seguir ejerciendo la prostitución
sin sentirse victimas, sería eficaz empoderar a las mujeres de todo el planeta
para que no tengan que ser prostitutas y, como corolario, habría que formar a hombres y
mujeres en la igualdad y el respeto a los demás: que nadie se sienta con el derecho a
someter a otro y alquilarlo y que nadie sienta que su persona puede ser objeto de sometimiento
y transacción.
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Así pues, en este escenario de la prostitución,
los actores no son sólo las personas que se prostituyen, las personas que acuden a sus servicios
y aquellas que sacan provecho económico de las anteriores. En el escenario de
la prostitución toda la ciudadanía tiene un papel, como vecinos de un burdel o de una calle
tomada por la prostitución, como espectadores de múltiples programas televisivos
que intentan normalizar entre nosotros el consumo de prostitución, como lectores de múltiples
artículos a favor o en contra de la existencia de esta institución que nos ocupa, como
receptores pasivos de numerosísimos reclamos publicitarios en prensa, carteles en lugares
públicos, y de tarjetas de invitación a burdeles, que son puestas en manos de nuestros acompañantes
masculinos, a la entrada de pubs y discotecas o a la salida de restaurantes,
en nuestras propias narices. Porque cuando no se respeta a las mujeres no se respeta
a ninguna, aunque a veces se finja que se respeta “más” a alguna.
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Como están en todo y para evitarnos estas molestias,
una conocida asociación de empresarios de clubs de alterne se ha recorrido
los Parlamentos regionales exigiendo la pronta regularización de un comercio sexual organizado,
que se retire a las prostitutas de las calles y que se concentren en los locales que
ellos proponen, con la siguiente argumentación: “Cuando nuestra asociación propone la regulación en locales de alterne también escucha a los vecinos de las grandes
capitales de este país. ¿Cuántas veces las asociaciones de vecinos se han echado a las
calles para protestar contra la prostitución callejera y la de los pisos? Decenas de veces.
Nadie quiere vivir en un edificio en el que en una de sus viviendas se ejerza la prostitución
y no porque estén en contra de su práctica, sino porque se altera la normal convivencia. Ejercer
la prostitución a cualquier hora del día y de la
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noche en una vivienda presupone el franqueo
constante de los accesos del edificio a
desconocidos con lo que estamos generando
un incremento potencial de la inseguridad
ciudadana”.
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Curiosamente, este mismo argumento de inseguridad
ciudadana en los edificios por el simple franqueo de desconocidos sería aplicable
a los inquilinos de plazas de garaje o a usuarios de profesionales o de otros negocios que
coexisten más o menos pacíficamente en numerosos edificios de nuestras ciudades. Lo
que no se dice es que al consumo de prostitución, ya sea en la calle, en pisos o en
clubes, se asocia el consumo de alcohol y estupefacientes y una actitud de trasgresión de
las normas que suele llevar aparejada bastante violencia. Por supuesto, algo que se omite
en el citado documento es el incremento de la inseguridad que constituye para
una mujer el franqueo constante de su cuerpo por desconocidos y lo difícil que es contrarrestar
esto, aunque instalemos un botón de alarma junto a su cama, como se propone
en los borradores autonómicos de reglamentación.
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En cuanto a la alteración de la convivencia ciudadana,
la ha podido comprobar cualquier persona de nuestras ciudades que haya vivido la
experiencia: lo que altera la convivencia no es en sí mismo la existencia de prostitutas,
salvo que nos duelan sus carmes desnudas en invierno y sus cabezas achicharradas en verano,
sus miradas o sus poses falsamente provocativas, como requiere el sector, sino las
actitudes selváticas de los usuarios, chulos y macarras que las rodean. El griterío, las peleas,
y los abusos, que no desaparecen por
apartarlos de nuestra vista ni alejando la situación
alrededor de 250 metros de nuestros colegios y guarderías.
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Lo que también se ha llamado “prostitución acuartelada”
no es, pues, una verdadera solución al problema, es una cronificación del mismo
y significa el aislamiento de las mujeres y menores victimas de la prostitución. La
regulación de ésta tampoco disminuye el tráfico ni la prostitución de menores, como se
ha demostrado en países reglamentaristas como Holanda, Alemania o Australia,
antes bien los aumenta y agrava.
Tampoco disminuye la violencia contra las mujeres
ni el número de violaciones, como en ocasiones se sugiere. De hecho, pretender esto es
confirmar que la prostitución sustituye la violencia sexual y la violación y esto tampoco
sería legítimo. ¿Con qué derecho podríamos unas mujeres pedir a otras que se inmolen
en el ejercicio de la prostitución para salvaguardar nuestra seguridad y la de nuestras
hijas, a cambio de una simple y casi siempre chuleada contraprestación económica? ¿De
verdad podríamos admitir entonces que puede haber una prostitución “libre” y otra
“forzada”?
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En este momento es cuando podría tener cabida la
reflexión acerca de la diferencia entre la tan debatida condición femenina y la posición
femenina en la sociedad, ya que son cosas bien distintas: el hecho biológico de ser
mujer no nos predispone a ser víctimas, la posición de subordinación en las sociedades patriarcales
sí, y establecer un nexo entre esta posición y las capacidades femeninas.
La realidad internacional y nacional actual nos
muestra la ingente cantidad de instituciones
y normativas al servicio de la defensa de los derechos
específicos de las mujeres, que no son más que eufemismos que enmascaran que el único
derecho específicamente femenino en riesgo permanente es el de que no se
nos permita disfrutar en plenitud de nuestros derechos humanos. Los derechos a la dignidad,
al disfrute de la sexualidad, a un medio de vida independiente, a la propiedad, a la
libre expresión, a la educación, a la salud y a la integridad física, entre otros, han
sido perennemente cuestionados a las
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mujeres en todos los Estados, incluido el nuestro.
Cuando estos derechos se restringen o se impide u obstaculiza su ejercicio de alguna forma,
es cuando se desarrollan las estrategias de supervivencia femeninas. Todas ellas
relacionadas con poner sus capacidades al servicio de los varones y entre las
que destacan el matrimonio forzado, ya sea por la necesidad económica o por la imposición
familiar, y el ejercicio de la prostitución.
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Lo anterior no significa tener que remontarse al
pasado, en la actualidad un elevado número de países impide el acceso de las mujeres
a la educación, a la salud, al trabajo, al desempeño público de profesión o representación,
etc., etc. Limitándolas a ser un cuerpo apto para la sexualidad del varón y la reproducción,
ante la tolerancia de la comunidad internacional. Otros países más cercanos, por ejemplo
de Latinoamérica, obstaculizan el acceso de las mujeres a la propiedad y la herencia,
como en nuestro pasado político
anterior a la Constitución, sin mencionar que en
muchos países en la actualidad se las mutila desde niñas y se las vende y también existe
un debate acerca de si esa práctica es cultura o barbarie.
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En este contexto, y aplicándose a la prostitución,
todo parte, como complemento a la dominación masculina por la fuerza, de la “capacidad”
del cuerpo femenino para soportar y para ser penetrado sin su consentimiento. Esta
capacidad es la que hace que las mujeres puedan tener relaciones sexuales sin que intervenga
su voluntad y es de la que han vivido y siguen viviendo numerosas generaciones de mujeres
hasta la fecha presente, cuando se les impide el uso de sus otras capacidades. La supervivencia
así lograda enferma el cuerpo y el alma de aquellas y daña la sexualidad de ambos
sexos.
Es necesario reflexionar sobre todo esto ahora que
tenemos la oportunidad y especialmente hoy que se inicia un camino en el
que está en nuestras manos colaborar para que se institucionalice una lacra, producto
del sometimiento y cosificación de las mujeres, o colaborar para que se visualice como
tal y se tienda a su erradicación. Cosas más difíciles se han logrado ya. Cuando la tarea
es ardua, simplemente debe empezarse
cuanto antes.
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No debemos caer en la tentación ya mencionada del
pensamiento local frente a un problema global, hay que darle a este conflicto
de intereses la dimensión que tiene. Ni en la tentación de minimizarlo con reflexiones del
tipo “es que algunas mujeres quieren ser prostitutas”, porque ese supuesto 5% de mujeres,
del que nadie tiene constancia pero del que todo el mundo habla, que libremente eligen la
opción de prostituirse teniendo otras alternativas, no justifica este despliegue institucional
para desarrollar todo un marco legislativo que, rindiéndoles a ellas un supuesto
servicio, comprometa el futuro del 100% de la ciudadanía.
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Algo que se ha venido imponiendo primero por la
fuerza de la dominación y después por la fuerza de la propia inercia social y que genera
el sufrimiento constatado de millones de mujeres y menores no se puede legitimar frívolamente,
ni siquiera sustentándolo en el beneficio económico que reportaría al país. Algo
que además no tiene un fin claro, porque, ¿cuál es la necesidad social que se pretende
cubrir con la prostitución?, no puede contar con el respaldo de la más alta Institución
democrática del Estado.
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Hay que hacer un estudio comparado de las legislaciones
de otros países en este sentido; tanto de los ya mencionados: Holanda, Alemania y
Australia, como de otros de características opuestas a los anteriores, como
Suecia, en nuestro entorno europeo, o
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como Corea, país ubicado en un entorno geográfico
y político más alejado. Hay que visitar los barrios rojos de aquellos países y simplemente
las zonas de ocio de los otros, hay que mirar dentro y fuera de nuestras ciudades
pero con perspectiva de género, la misma que nuestras leyes nos animan a aplicar en
todo. Es decir, siendo verdaderamente críticos con las consecuencias que se pueden derivar
para la ciudadanía, compuesta por hombres y mujeres, de la aplicación de uno u otro
sistema.
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Hay que hacer un esfuerzo por unificar criterios
legislativos, siempre teniendo claro que, como tema de derechos humanos en relación con los
valores constitucionales de libertad e igualdad y en íntima conexión con los delitos
internacionales de trata y tráfico, la competencia para legislar es puramente estatal y
que a nuestro Derecho repugna la reglamentación independiente. Las Comunidades Autónomas,
pues, no pueden sino desarrollar en este sentido lo que ya figure en
una previa ley estatal, y no tienen competencia tampoco en materia laboral como para
determinar el catálogo de profesiones y oficios, innovándolo, ni clasificar
como actividad económica algo que no figura como tal en el Impuesto que las gravaría.
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Hay que desvelar también los mecanismos aparentemente
inocuos que hacen florecer la actividad de la prostitución. De la misma forma
que ya no puede negarse la realidad de una escalada en el consumo de drogas y la existencia
del poli consumo, debe quedar patente que la pornografía es normalmente precursora
del consumo de prostitución, por una especie de secuencia lógica. Las imágenes pornográficas
habitualmente transmiten la idea de que se puede ir más allá de los límites
aparentes en el cuerpo de una mujer, la tendencia a la imitación hace el resto. Naturalmente,
no hay que escandalizarse pensando que esto es una vuelta al puritanismo, aunque hay
muchas personas que no consumen pornografía y disfrutan de una vida sexual muy placentera
por medios e imaginación propias, ni que es una limitación arbitraria del
derecho de expresión, ya que existen muchos casos en los que, por interés público, se
limita el derecho a la expresión; por ejemplo, se prohíbe todo aquello que fomente el
terrorismo de Estado o el racismo, sin embargo ello no nos priva de recibir a diario buenas
dosis de violencia de similares características.
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CONSECUENCIAS PARA LA SALUD:
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El estigma que conlleva la prostitución, hace que
la sociedad tienda a responsabilizar a las personas que la ejercen de todo cuanto les ocurre,
de todos los problemas que padecen y, en general, de todos los relacionados con esta
actividad, quedando los usuarios de la prostitución impunes ante la sociedad. Esta estigmatización
lleva a discriminar y excluir a la persona prostituida del entorno social abocándola
a mayores riesgos para su salud mental y física, provocándole dificultades para una “integración”
en la sociedad y, particularmente, en el acceso a los servicios sanitarios públicos.
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Desde un punto de vista socio-antropológico, la
persona prostituida queda relegada a una infracategoria y, a medida que pasa el tiempo, aumenta
su aislamiento social y su exposición a factores de riesgo para su salud (violencia,
incapacidad para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida,
o el uso de drogas, entre otros); se incrementa también la dificultad para adaptarse
a nuevos estilos de vida saludables y, por
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último, aumenta la dificultad para ampliar y diversificar
las relaciones interpersonales o desarrollar habilidades sociales y laborales.
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Esta situación se agrava cuando las dificultades
de acceso al sistema público de salud vienen condicionadas por la situación administrativa
de la persona en España. Como ya se ha dicho, existe un gran número de mujeres inmigrantes
indocumentadas ejerciendo la prostitución en nuestro país, muchas de ellas no
obtienen la tarjeta sanitaria que facilitaría su acceso al circuito sanitario, quedando al margen
no sólo de los cuidados y tratamientos necesarios, también de las campañas preventivas
fundamentales para evitar las prácticas
de riesgo que pueden derivar en la transmisión de
ITS, incluido el VIH/sida.
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Las mujeres transexuales prostituidas tienen además
otro riesgo añadido a su posible condición de indocumentada, y es que, debido fundamentalmente
a los problemas que les supone tener una identidad distinta al sexo biológico
de nacimiento, ve limitado su acceso a los recursos socio-sanitarios de la comunidad.
La vulnerabilidad sanitaria aumenta cuando, como hemos conocido en nuestros centros
de atención, la mayoría se somete a procesos de hormonación, sin el control médico necesario,
iniciándose a edades muy tempranas (entre los 15 y los 20 años).
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Común a todas estas personas es la violencia que
sufren durante el ejercicio de esta actividad, no sólo por el tipo de actos a que se
les obliga con ocasión de los contactos sexuales, sino por las agresiones físicas que les
provocan con bastante frecuencia los clientes y los proxenetas, según hemos denunciado
en ocasiones desde esta Organización.
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A pesar de que el debate sobre los riesgos de salud
de las mujeres prostituidas ha estado siempre centrado en las infecciones de transmisión
sexual, las últimas investigaciones se dirigen a demostrar la aparición de otras enfermedades
y trastornos psíquicos entre las personas, y especialmente mujeres, que ejercen la
prostitución. Estos trastornos psíquicos que sufren tienen su origen en las agresiones físicas,
amenazas y violaciones de que son objeto durante el ejercicio de la actividad, así
como del continuo falseamiento de su
propia realidad.
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Por otro lado, la prevención higienista que se plantea
desde los sectores reglamentistas no atiende a proteger la salud de las personas prostituidas
sino a preservar la salud de los clientes y con ello, se entiende, del resto de la
sociedad. Cuando, de hecho, la decisión del uso del preservativo está reservada al usuario,
que influye en muchas ocasiones en la voluntad de la mujer para la no utilización del
mismo mediante el ofrecimiento de una compensación económica extra.
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Haciendo hincapié en este tema, durante el año 2004,
médicos del Mundo realizó 39.071 atenciones a 8.873 personas que ejercían la prostitución,
distribuyéndose un total de 1.269.136 preservativos.
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Para la atención socio-sanitaria a personas prostituidas,
Mdm ha puesto en marcha, además de las Unidades Móviles de acercamiento y
los centros fijos de estructura básica, una estrategia de trabajo basada en la educación
de Pares o de Iguales. Dicha estrategia facilita la participación de la población beneficiaria
del programa en la planificación, ejecución y evaluación del mismo y por tanto es
una estrategia capacitadora por su
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enfoque horizontal y participativo, tanto para la
persona educadora como para la beneficiaria.
Frecuentemente lo que se busca con estos modelos
de intervención es un cambio en el ámbito individual, tratando de modificar los comportamientos,
actitudes, creencias o conocimientos de las personas, pero podría tener
una vertiente más social, propiciando la modificación de normas, y estimulando la acción
colectiva hacia los cambios.
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Como dice Nina Parrón, en su ensayo “Y el mal que
la acompaña”, cuando ironiza acerca de la posibilidad de considerar un trabajo el ejercicio
de la prostitución: “La prostitución es un oficio con poca especialización, y cuando
los hombres piden ciertas especialidades, éstas son perjudiciales para la salud de las mujeres.”
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MEDIDAS PARA EL CAMBIO.-
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Desde Médicos del Mundo se propone, al igual que
desde otras Organizaciones e Instituciones públicas y privadas se ha hecho, por
ejemplo en el Congreso celebrado en 2005 en Sevilla para la elaboración de un Protocolo
de actuación de las Administraciones Públicas en materia de prostitución y en el monográfico
dedicado a la prostitución de la revista LANBROA, del Colectivo del mismo nombre,
entre otras posibles, la puesta en marcha de las siguientes medidas de actuación por
parte de los Poderes Públicos:
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-Contemplar la prostitución como una forma de violencia
de género en el paquete de medidas legislativas de protección frente a aquella:
inclusión en casas de acogida de la red general o específicas, renta de inserción activa,
posibilidad de asilo y refugio con causa en la trata o el tráfico, etc.
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-Ratificación de los Convenios y Protocolos Internacionales
celebrados a tal fin.
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-Puesta en práctica del Plan de prevención de Trata
y Tráfico que se apruebe.
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-Actuación por parte de las Instituciones competentes
frente a la publicidad de la explotación sexual y, con carácter extraterritorial,
frente al turismo sexual.
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-Reinclusión de la tercería locativa en los artículos
del Código Penal referidos a prostitución.
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-Revisión de oficio y derogación, en su caso, de
las Ordenanzas y Reglamentos Locales y autonómicos en materia de locales de alterne, para
que se adapten a la legalidad vigente y no contradigan normas de rango superior como nuestro
Código Penal, artículo 188.1, y Tratados Internacionales ratificados por España.
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-Que de acuerdo a los Informes de la CEDAW y la
Decisión Marco del Consejo de Europa, de enero de 2004, para todos los Estados
Miembros, con entrada en vigor prevista para enero del presente año, se penalice
a los clientes prostituidores, agravándose las penas en los supuestos de menores
de 18 años.
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-Actuaciones de sensibilización en materia de prostitución
como forma de violencia y vulneración de derechos dirigidas tanto a los potenciales
usuarios como a la juventud, la población en riesgo de procesos de prostitución
y la ciudadanía en general.
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-Realización de campañas de formación y sensibilización
destinadas a desalentar la demanda. (Ejemplo: página Web Sofía.sexy, de MdM,
con ocasión del día internacional contra la violencia de género, el 25 de noviembre
de 2005).
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-Actuaciones dirigidas a la concienciación de los
medios de comunicación, que se realizarán también en el ámbito de la educación,
en el ámbito asociativo y en los colectivos específicos, como el personal al servicio
de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Salud,
Servicios Sociales, etc.
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-Actuaciones con otras Instituciones y Organizaciones
sociales y celebración de convenios de colaboración para el desarrollo de
programas conjuntos en el ámbito de la prostitución.
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-Proponer la creación de una red de municipios libres
de explotación sexual, que llevarán a cabo actuaciones conjuntas para la erradicación
de la prostitución.
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-Crear e impulsar los mecanismos de evaluación y
control de los Planes que en este sentido se aprueben.
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