Reglamentarismo

Reglamentar la Prostitución 

por Alberto B Ilieff

 

“Queremos que se nos respete como mujeres autónomas, mayores de edad y sujetos de derecho que somos” Georgina Orellano, tesorera de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR CTA)

El sistema reglamentarista es uno de los tres sistemas que los gobiernos intentan ante la problemática de la prostitución, los otros dos ya los hemos visto en este espacio: el abolicionismo y el prohibicionismo.

El sistema jurídico reglamentarista es visto como un mal menor. Parte de la formulación que dice que la prostitución existirá por siempre y que, por lo tanto, no puede ser combativa porque se halla motivada en el deseo sexual masculino que debe ser satisfecho para no acarrear males mayores,  pero que de algún modo debe ser socialmente controlada ella misma y los delitos que le están relacionados, se pretende de este modo al menos tenerla contenida y controlada.

El actual sistema reglamentarista es heredero del tradicional en cuanto se halla basado en razones sanitarias, económicas, de moral pública y protección de las personas para fundamentar el blanqueo de la prostitución y la legitimación de su explotación,  y ha incorporado argumentos basados en los derechos humanos según los cuales la prostitución formaría parte del derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas.

La reglamentación de la prostitución es un movimiento cuyo objetivo es controlar y ordenar la prostitución de acuerdo con reglas emitidas por el Estado, como pagos de impuestos, derecho a la seguridad social, a pensión, etc. Dicha reglamentación considera a la prostitución como un trabajo digno y legitimo. El cuerpo de la persona considerada trabajadora sexual es el instrumento de trabajo; sólo persigue los prostíbulos ilícitos o clandestinos.

Consiste en delimitar los espacios públicos y privados, regular horarios y características de la prestación,  establecer derechos y obligaciones de las personas en prostitución, propietarios de los locales donde se ejerce la misma, clientes y autoridades.

Dentro de este control el aspecto sanitario es importante así como la prevención de la violencia y abuso sexual contra las personas que realizan esta actividad.

La reglamentación de la prostitución aparece a través del tiempo, ya en la antigüedad se establecieron prostíbulos administrados por el estado.

En la actualidad varios países han  aceptado el hecho prostitutario y establecido normas para el ejercicio de esta actividad.

Con relación a la prostitución los países no se han puesto de acuerdo, incluso se han contradicho a lo largo del tiempo. Recordemos que la prostitución se convierte en tema de interés y preocupación internacional a mediados del siglo 19, a partir de entonces se suceden distintos tratados internacionales, de carácter abolicionista, culminando  el 2 de diciembre de 1949, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas dicta el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas  y de la Explotación de la Prostitución Ajena, documento que coloca a la prostitución como un atentado contra los derechos humanos.

Desde ese momento la situación política internacional varía grandemente y de manera muy rápida y muchas veces dramática, por lo que este tema también va sufriendo variaciones hasta llegar a los años ochenta en que distintos países  se alejan del Convenio nombrado y comienzan a distinguir dos tipos de prostitución:  forzosa y no forzosa o voluntaria. La segunda, de carácter voluntario y electivo sería  objeto de regulación estatal.

La reglamentación ha recibido un empuje importante con el neoliberalismo dado que este es una teoría basada en  el individualismo, la renta y el consumismo con total indiferencia de principios éticos, morales; siendo fundamentalmente de corte individualista, no toma en cuenta a la sociedad como un todo.  A esto se unen algunas corrientes de izquierda y feministas.

Los argumentos que la sostienen pueden resumirse en tres puntos centrales:

L                 a) La prostitución es un trabajo.

Permite la distinción entre una prostitución libremente ejercida y otra forzada producto de la trata de personas, y obliga a un discernimiento, entre una y otra. Insiste en que la prostitución libre es parte de una elección dentro de otras posibilidades laborales y que como tal debe ser respetada y permitir el acceso a los mismos derechos que tiene cualquier persona trabajadora. Junto a este argumento y en apoyo al mismo habla de que la prostitución es inevitable y atemporal –siempre existió y existirá- , noción al servicio de la arraigada idea del carácter irresistible y legítimo del deseo varonil, que desborda ampliamente el terreno de la prostitución.

  

                    b) La regulación termina con la presencia de proxenetas y tratantes. Elimina la prostitución infantil y la trata de personas y da seguridad a quienes ejercen la actividad.

Quienes sostienen este sistema dicen que contribuirá a combatir la trata de personas, la explotación sexual de niños y niñas, el proxenetismo y la esclavitud en todas sus formas. Al tener acceso los funcionarios gubernamentales a los establecimientos podrían controlar que en ellos no hubiera menores de edad, personas contra su voluntad u otro tipo de delitos.

Sostienen que trabajo sexual y trata no son lo mismo, por el contrario, la primera es una actividad lícita y realizada de manera autónoma, y como tal, quienes la ejerzan deben gozar libremente de los mismos beneficios, derechos y libertades que el resto de la población trabajadora; mientras que la trata de personas es un delito que debe ser penado.  Niegan que exista una relación entre la trata de personas y la prostitución.

c)       Libera y empodera a las personas que la practican, especialmente a las mujeres y elimina el estigma social sobre ellas.

La persona en prostitución se acepta como dueña de su cuerpo y de su voluntad y el pago que recibe es la demostración de su poder. Estaría por encima de su cliente al poder fijar su propia tarifa, establecer días y horarios, el tipo de relación a mantener y  elegir entre sus posibles clientes.

Los argumentos centrales para el reglamentarismo giran en oposición a las posturas abolicionistas y la no reglamentación de la actividad por considerar que en ambos casos se  vulnera  los derechos humanos y laborales de quienes la ejercen, pues su derecho a trabajar en una actividad lícita, cobrar una retribución, acceder a jubilación y acceso a obras sociales, se ven dañados.  La reglamentación supone un orden de legitimidad que busca asegurar los derechos de las personas que ejercen esta actividad y  la calidad del servicio para los usuarios.

Desde esta postura se critica al abolicionismo por considerarlo “moralista” por considerar que representa principios morales, especialmente religiosos, los que se contrapondrían al ejercicio libre de la sexualidad. Sostener esto es desconocer la historia del abolicionismo y su profunda relación con el feminismo y otros movimientos propulsores de un cambio social y una apertura hacia una sexualidad libre e  integrada. Si lo que se busca es acusarlo de tener fundamentos éticos de otro tipo, eso es innegable por cuanto es un movimiento perfectamente integrado a los derechos humanos y a la defensa de estos.

Por otro lado, la acusación también es injusta por cuanto el ser moral es parte de la constitución humana, de ahí que toda actividad, sea esto reconocido de manera conciente o no, implica un punto de partida ético a partir del cual es llevada adelante y en esto no difieren el abolicionismo, reglamentarismo o prohibicionismo.

Mientras que el abolicionismo habla de personas “en situación de prostitución” aludiendo a las condiciones sociales y personales que darían como resultado la emergencia de la actividad, condiciones estas que si bien no determinan, condicionan fuertemente a los individuos al no brindarles posibilidades de desarrollo y de elección, por lo que son considerados víctimas de este marco; el reglamentarismo no acepta esta denominación  por  sostener que la prostitución es una elección laboral entre otras, que las personas que la ejercitan no son víctimas sino que hacen uso de su capacidad y dominio  sobre su cuerpo. Dado que se consideran trabajadores/as  es que no solicitan a los gobiernos ningún tipo de asistencia que les permita dejar esta actividad.

Para esta postura el abolicionismo es paternalista al subestimar a las personas en prostitución al tratarlas como incapaces de decidir sobre sus propias vidas y de hablar por sí mismas. Oponen que no todas las personas que ejercen esta actividad lo hacen contra su voluntad o son explotadas.

Paralelamente lo consideran  moralizante, dicen que detrás de la no aceptación de la prostitución como trabajo se halla presente una moral sexual represiva.

                                                 "El proxeneta" Dirck van Baburen - 1622

Para las personas que reclaman la reglamentación esta sería una forma de empoderamiento. Al colocarse como “trabajadoras” estarían reconociendo un valor en sí mismas y en su actividad. El símbolo de este empoderamiento se halla en el dinero que reciben a cambio de prestar “un servicio”.  También se manifestaría en no depender de otras personas (proxenetas), fijar sus propias tarifas y elegir a los “clientes”.  Esto se relaciona con su idea de que no están vendiendo su cuerpo sino un servicio.   Siendo un servicio como otros tantos, no establecen diferencia, en términos de “dignidad”, entre la prostitución y un trabajo como puede ser el de obrero o empleada de limpieza u oficinista, consideran de igual calidad o rango lo que se hace con las manos, el cerebro o los genitales.

Las mujeres en prostitución enarbolan la idea de ser dueñas de su propio cuerpo para reivindicar su derecho a prostituirse. Dicen coincidir con el movimiento feminista en cuanto reclama el este derecho, haciendo también suya la consigna “Mi cuerpo es mío”. Así como las mujeres pueden decidir si abortar o no, también cabría el mismo argumento para la prostitución.

Para estos grupos la regulación implicaría poder dejar la clandestinidad e incorporarse a la sociedad y al mercado laboral desde una posición de igualdad. Las reglamentaristas consideran  que cualquier legislación que no sea en este sentido aumenta la clandestinidad y criminaliza la actividad poniendo en riesgo a las personas en prostitución. La reglamentación también tendría como efecto positivo la eliminación de la discriminación y estigmatización que afecta a las personas en esta actividad.

En el fondo del reglamentarismo se encuentra  el concepto de contrato. El acto prostitutario sería el resultado de un contrato celebrado libremente entre dos partes mayores de edad y en condiciones  jurídicas de contratar.

Aseguran que la reglamentación colocaría al trabajo sexual bajo condiciones dignas de higiene y seguridad tanto para las personas en situación de prostitución como para los clientes.

Una constante es su reclamo por ser escuchadas, porque se les habilite la participación en los lugares de toma de decisiones respecto a esta temática.

También consideran que, como sucede en algunos países,  al no ser ilícita la actividad pero al mismo tiempo, no estar debidamente legislada, se cae en un vacío legal que favorece la acción de proxenetas.  Esto significa que el ejercicio de la prostitución de personas mayores de edad y ejercido por voluntad propia no está penado pero tampoco hay una legislación que lo ampare, lo que en la práctica significa desamparo. De ahí que un reclamo constante  sea la reglamentación de esta actividad en esos países.   También sostienen que este vacío legal no les permite organizarse como sindicato, acceder a derechos y obligaciones laborales y  a una  jubilación. 

El reglamentarismo se apoya en el ideario abolicionista cuando sostiene que las personas en prostitución no deben ser perseguidas de ninguna manera, entienden que esto les permitiría agruparse y conformar cooperativas, sin jerarquías y autónomas, pero para lograr esto requieren de una ley.  Esta propuesta consiste en la constitución de cooperativas de trabajo llevadas adelante y gestionadas por las personas en prostitución, sin proxenetas,  en las que los gastos se pagan en conjunto y cada persona se lleva el producido de su propia actividad. Esta forma de organización tendría un funcionamiento horizontal basado en el compromiso.

Otro punto a contemplar es su consideración de que las campañas que buscan  sacarlas de las calles o el cierre de burdeles  son totalmente ineficaces, que perjudican a las personas en prostitución al perseguirlas y que son simplemente efectos demagógicos electoralistas.

Para algunos sectores de izquierda la reglamentación de la prostitución significa la ruptura con la heteronorma y al mismo tiempo la ruptura de modelos centrados  en la mujer monogámica heterosexual y reproductiva.

Para los gobiernos la reglamentación implica un importante incremento de la base impositiva. Al imponer impuestos a la así llamada “industria sexual”, una de las que más ganancias obtienen en el mundo, incrementaría de manera importante el caudal económico que recibe, y por otro lado, al convertirse en dinero blanco, este podría ser invertido dentro del mismo país, siendo de este modo, promotor de la actividad comercial, este punto lo ampliaré al momento de ver las objeciones.

En general la reglamentación consiste en:

a) Los gobiernos otorgan permisos, habilitaciones,  para instalar  prostíbulos y establecen reglamentos para su funcionamiento.

b) Concentran en determinados lugares o zonas a la actividad prostitutaria facilitando a la policía su vigilancia. Está penado el ejercicio fuera de estos lugares permitidos.

c) Protege a la comunidad de la ofensiva y perjudicial proximidad de la prostitución y protege a los niños y jóvenes  apartando las conductas socialmente no aprobadas de la vista pública.

d) Establecen condiciones para las personas en prostitución no solamente en relación a la edad sino también al control sanitario obligatorio.

e) Dicho control sanitario se realiza mediante examen médico y se les extiende un certificado de salud  que obligatoriamente deben exhibir para poder realizar la actividad.

f) Facilita el control del tráfico de drogas y estupefacientes  y delitos conexos con la prostitución

g) Las personas dedicadas a esta actividad son inscriptas en un registro.

h) Las personas en prostitución pagan impuestos como cualquier otra persona que trabaja.

g)  Se realizan, al mismo tiempo campañas  contra la prostitución no regulada, que pasa a ser clandestina, como un medio de combatir la competencia que ésta hace a la prostitución reglamentada. Estas campañas implican en algunos casos multas o encarcelamiento para las personas en prostitución.

Neo reglamentarismo

Existe una supuesta variedad híbrida que podríamos llamar neo reglamentarista: mientras se mantiene el ideario abolicionista se aplica la regulación de la prostitución.  Se fundamenta en  la idea de mal menor o reducción de daños.  Mientras valora las ideas abolicionistas, las encuentra utópicas, irrealizables en el presente, por lo que, “mientras tanto” considera que la regulación evita males mayores.

Parte de un proyecto progresista, del supuesto que por paulatinos acercamientos  se puede llegar a la abolición de la prostitución.

Desde una visión superficial se puede decir que es un postulado contradictorio, que entre el ideal y la práctica se establece una distancia difícilmente de superar. Desde una visión más cercana, no hay tal contradicción porque  es el hacer el que define, y en este caso, el hacer prioriza la idea regulatoria y al efectivizarla socialmente la refuerza y establece en el imaginario social.

La reglamentación sostenida por la idea de minimizar los riesgos y de  dar protección “laboral” no solamente no lo consigue sino que, al contrario, cronifica y estabiliza al sistema. De este modo lo que obtiene es  hacer retroceder la posición de las personas en prostitución en la sociedad y su lucha por la igualdad. En adelante, el estigma recae sobre todas las personas en situación de prostitución, todas se vuelven pasibles de un precio y el patio de juegos de algunos y la maquinaria de enriquecimiento de otros.

Si realmente se quieren reducir los daños, asistir a las personas en prostitución, es necesario un cambio social hacia una mayor equidad y justicia en la distribución de las riquezas. También habría que formar a hombres y mujeres en la igualdad y el respeto. Nadie  debe creer que tiene  el derecho a someter a otro y alquilarlo y que nadie sienta que su persona puede ser objeto de sometimiento y transacción.

Estas posiciones naturalizan y confirman el lugar de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, travestis, transexuales y transgéneros y su control como medios para satisfacer el deseo masculino, como cuerpos al servicio del mismo.