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| Carrecedo Bullido |
Feminismo
y abolicionismo
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Rosario Carracedo Bullido
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La prostitución o, más
pertinentemente, el acceso masculino por precio al cuerpo de las mujeres
constituye una práctica social inmemorial, arcaica y antigua como la
supremacía masculina sobre las mujeres. En efecto, la prostitución es una
versión más, de las modalidades en que se manifiesta y asegura el principio
de la autoridad patriarcal y no difiere, en su fundamento, de otras formas en
que se hace ostensible el ejercicio de la supremacía o del poder. La
mutilación genital femenina, la violencia relacionada con la dote, la
autorización legal atribuida a los maridos para castigar física o
psicológicamente a las mujeres, las violaciones masivas en tiempos de guerra,
por igual la prostitución, constituyen una muestra del catálogo que permiten
evidenciar el lugar que corresponde ocupar a las mujeres.
El poder político, en su
versión civil o religiosa, ha organizado y participado activamente, también
desde tiempos inmemoriales, en la selección de las mujeres que han de estar
disponibles para ser usadas pública y colectivamente por los varones y en las
condiciones en que se realizan tales usos.
En la época de Solón (640-558
a.C.) encontraremos disposiciones que organizan el mercado de la carne y las
circunstancias de acceso a la corporalidad de las mujeres; durante la Edad Media la
teología católica aportará la excusa moral que proporciona racionalidad y
legitimidad a dichas prácticas, y al dispositivo prostibulario, estimándose
que en la escala penitencial lleva menor pena la fornicación con mujer
soltera y sin vínculo estamental que la fornicación con mujer casada, con
religiosa, con varón o con bestia. Durante el siglo XIX será la razón
sanitaria la inspiración de la normativa que justifica la organización del
sistema prostitucional.
Los reglamentaristas
contemporáneos, continuadores de la tradición pro-prostitución, son los
nuevos ideólogos que han tomado el relevo para la pervivencia de tales
prácticas. Ellos, modernos y liberales, convergen con unanimidad, aunque con
pluralidad de razonamientos, aparentemente diferentes, en convalidar y
legitimar el uso sexual de las mujeres.
La industria del sexo forma
parte de los fervorosos partidarios de la reglamentación de la prostitución.
El proxenetismo organizado[1] reivindica su aportación social, afirmando el
carácter de entretenimiento o de ocio de su actividad, una actividad cuyo
objeto y materia prima consisten precisamente en poner a disposición de la
demanda y en el mercado una variedad suficiente de mujeres para consumo
sexual. Los grupos mediáticos tan sesudos, en ocasiones, en el análisis de
los conflictos sociales convergen con las demandas de aquellos, su cuenta de
resultados[2] permite una recta deducción de sus motivaciones.
Y entre el elenco de sectores
pro-prostitución, también contamos con los liberales que, ajenos a las
motivaciones económicas, se muestran partidarios de la reglamentación n, por
ser fervientes defensores, según dicen, de la libertad. Ellos convienen en
estimar y señalar enfáticamente que la prostitución forma parte de las
elecciones personales y censuran con insistencia la intromisión que
representa la crítica feminista a la institución de la prostitución.
Claro que tal punto de vista
liberal, no rinde cuenta del hecho nada baladí de que sean precisamente las
mujeres, abrumadora y mayoritariamente, y no los hombres, las que toman o
acceden a tales elecciones.
Las cifras sobre prostitución
son tozudas y contundentes, en el Informe del año 2000 del Fondo de Población
de Naciones Unidas se estimaba que cada año 4 millones de mujeres y niños,
especialmente niñas, ingresan en los prostíbulos del mundo para ser
consumidas sexualmente; por su parte Pino Arlacchi[3], en el año 2002,
remarcaba que en el sureste asiático, en sólo una década, 33 millones
precisamente de mujeres y niñas habían sido víctimas de la trata con fines de
prostitución.
La procedencia de las mujeres
en situación de prostitución no deja margen a las elucubraciones. Los datos
son de nuevo obstinados en los informes nacionales, por igual en los
internacionales, elaborados en el último siglo acreditan que en la década de
los 60 las mujeres prostituidas que abastecían los prostíbulos nacionales
eran mujeres desafiliadas socialmente (madres solteras, mujeres
institucionalizadas ...), en los 90 las toxicómanas constituirán el grueso de
la población prostituida, actualmente, gracias a la mundialización del
mercado, en general, y de la carne, en particular, las inmigrantes de los
países con economías dislocadas (rumanas, nigerianas, brasileñas,
ucranianas.. .) son las encargadas de satisfacer las demandas en los países
desarrollados.
Curiosa, cuando menos,
deviene esta libertad cuyo ejercicio practican esencialmente mujeres, en
situación de vulneración y de exclusión social.
Estos liberales denuncian,
con vehemencia, la impertinencia de toda apelación ética en el análisis de la
prostitución, al fin y al cabo, para ellos, estar en prostitución no es más
que la puesta en práctica de una elección, de una libertad que inscriben o
sitúan en el ámbito de la autodeterminación n sexual.
Ahora bien lo que no aclaran,
ni mencionan es quiénes son los titulares de la libertad sexual que se
ejercita. ¿Se refieren a las mujeres en prostitución? No, obviamente no.
La sexualidad nada tiene que
ver con las mujeres en prostitución. Estar en prostitución es soportar un día
tras día, jornada tras jornada, sucesiva y diariamente, la intromisión sobre
tu corporalidad, una invasión practicada por un hombre y luego otro, otro,
otro y un sinfín de hombres. No, las mujeres en prostitución no ejercitan su
libertad sexual, soportan los actos de vulneración porque superviven en la
prostitución. Para ellas los servicios prestados en esas condiciones no
constituyen prácticas sexuales, y mucho menos deseadas.
Entonces ¿a qué libertad
aluden estos liberales?, ¿a quiénes se refieren, sin mencionarlos, estos
paladines de la prostitución? He aquí la cuestión, ellos hablan de sus
iguales, de ellos mismos, de los usuarios de la prostitución, ellos
presuponen y estiman como legítimo el derecho al uso del cuerpo de las
mujeres.
Reivindican como normal y
aceptable la existencia de centros de diversión y entretenimiento que se
publicitan, por ejemplo como “establecimientos de mamadas”[4], y estiman como
inocentes y atractivas prácticas sexuales, la oferta de servicios que
insertan los diarios nacionales (francés natural, griego profundo). Ellos
reivindican sus privilegios y representaciones, se sienten autorizados para
reducir a las mujeres a una mera corporalidad, a una mera anatomía. Sus
razones y prácticas avalan su consideración patriarcal de que la función de
las mujeres no es otra que estar al servicio sexual de los hombres.
La normalización y
organización de las prácticas masculinas de acceso por precio al cuerpo de
las mujeres que reclaman los reglamentaristas, constituye una propuesta
equivalente a aceptar como legítima la violencia sexual que comporta la
prostitución bajo la excusa de que el dinero transmuta la agresión en un mero
intercambio comercial.
La prostitución ha existido y
sigue existiendo a estas alturas porque existe un explícito consentimiento
social, que autoriza la cosificación de las mujeres y que autoriza,
igualmente, a los hombres a hacer uso comercial de las mujeres. Y porque
existe un mercado prostitucional institucionalizado que incluye un variado
abanico de sectores que obtienen beneficios, legal o ilegalmente, de la
explotación sexual de mujeres y niñas.
La opción entre
reglamentación y abolición no es un
debate sobre opciones individuales, ni sobre supuestas elecciones, es un
debate político sobre modelos sociales, sobre el sistema de organización y
sobre sus valores.
La prostitución no es una
práctica ajena a las relaciones de género, por ello el debate sobre la
prostitución exige imperativamente formularse un juicio normativo previo
sobre si es admisible o no, compatible o no, con un proyecto de sociedad
igualitaria, el acceso por precio al cuerpo de las mujeres.
Cuando una sociedad
reglamenta la prostitución y organiza el mercado de la carne, no se limita a
establecer un modelo normativo, si no un sistema de valores, y cuando se
reglamenta la prostitución se opta por un mensaje inequívoco: es legítimo el
uso comercial del cuerpo de las mujeres.
Las políticas pro regulación
o legalización lejos de favorecer a las mujeres prostituidas, representan la
confirmación institucional de un modelo social que garantiza el uso colectivo
sobre una clase de mujeres, las más desfavorecidas y excluidas socialmente.
Encarar el problema de la
prostitución porque existe no requiere precisamente que aseguremos su
pervivencia, si no que pongamos en marcha mecanismos encaminados a erosionar
que subsista y se mantenga.
El compromiso con la igualdad
entre sexos es una apuesta sin excepciones a la consecución de tal objetivo y
una cosa es que convivan y pervivan conductas contrarias a ese derecho (como
la discriminación n salarial o la violencia machista en las relaciones de
pareja) y otra muy distinta es que el modelo social por el que se opté
institucionalice, normativice y autorice tales conductas, tal y como proponen
los reglamentaristas.
Actuar contra la industria
del sexo y contra el proxenetismo debe constituir una prioridad de la
política criminal de nuestro país, la sanción punitiva de todos los que
organizan, promueven, favorecen la captación de mujeres para su explotación
sexual, merece un severo reproche penal.
Expresar la
deslegitimación y desaprobación social
hacia los hombres que compran cuerpos de mujeres constituye una estrategia
imprescindible y resulta un modelo equivalente a las políticas puestas en
marcha contra la violencia en las relaciones de pareja. Actuar sólo
protegiendo a las mujeres maltratadas contra la violencia machista se ha
rebelado como un modelo de intervención insuficiente, ya que tal intervención
por sí misma no impide que tales conductas sigan reproduciéndose, de ahí que
fuera necesario actuar contra los autores de la violencia. Idénticas
estrategias son necesarias ante el fenómeno de la prostitución.
Reforzar las políticas de
igualdad de oportunidades y crear condiciones laborales que eviten que las
mujeres sin recursos se vean abocadas a formar parte de la población
prostituida constituye una acción política prioritaria.
De esto hablamos las
abolicionistas, de implementar medidas que conduzcan a acabar, de una vez,
con las prácticas masculinas de acceso por precio al cuerpo de las mujeres.
Rosario Carracedo
Bullido es Abogada. Portavoz de la Plataforma Estatal
de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución[ 5]
[1] Aplicamos este
término a los lobbys económicos que debidamente organizados y con ánimo de
lucro promueven, facilitan y favorecen la captación de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual.
[2] En la edición del
pasado 22 de octubre de 2004, el semanario Alba recontaba las ganancias de la
prensa escrita por la publicación de anuncios de contactos señalando que El
País recaudaba anualmente unos 5 millones de euros, seguido de cerca por el
Mundo, ABC y La Razón.
[3] Responsable de la Oficina de Naciones
Unidas para el control de la droga y prevención del crimen.
[4] Una animada calle
de Bangkok, donde se concentran los clubes para turistas, anuncia sus
diversiones como establecimientos de mamadas.
[5] La Plataforma Estatal
de Organizaciones de Mujeres fue constituida inicialmente por las
Asociaciones siguientes: Alecrín y Figa de Vigo; la Asociación Villa
Teresita, la Comisión
de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, el Instituto para la Promoción de Servicios
Sociales Especializados de Madrid; la Asociación Clara
Campoamor de Bilbao; la
Asociación de Mujeres de la Noche Buscando el
Día de Alicante; la
Asociación Aimur de Almería, la Asociación de Mujeres
Separadas y Divorciadas, la
Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Cataluña; la Plataforma 8 de Marzo
de Sevilla. Posteriormente a esta Plataforma han ido incorporándose otras
organizaciones de mujeres.
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http://www.larepublica.es/spip.php?article3409# forum7484 23:56h. del Viernes, 29 de diciembre.
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