La prostitución no es sindicable
BY REINESYLVIANE ON SETEMBRE 2,
2018
Aparte de la cuestión catalana,
pocos temas suscitan debates tan encendidos como el de la prostitución. La
decisión ministerial de rechazar la inscripción de OTRAS como “sindicato de trabajadoras
sexuales” ha desatado una oleada de airadas reacciones en las filas de una
parte significativa de la izquierda y del feminismo. Así, hemos escuchado
enérgicas protestas, acusando al gobierno del PSOE de coartar el derecho de
asociación, cerrando el paso a la auto-organización de las mujeres y violando
sus derechos de sindicación.
Sintiéndolo mucho por esas voces
que se han alzado en nombre de los derechos de las “trabajadoras sexuales” –
voces entre las que se cuentan las de no pocas amigas y compañeras políticas –
debo decir que, en esta controversia, es a mi entender el gobierno quien se
sitúa más a la izquierda, en una posición más acorde con la defensa de los
intereses de las mujeres – empezando por aquellas que se hallan inmersas en el
mundo de la prostitución – y más respetuosa hacia el sindicalismo de clase.
Hay una gran confusión en el
enfoque de la cuestión. El “gol por la escuadra” no se lo han colado tanto al
gobierno como a la opinión pública. Y no lo ha hecho ningún colectivo de mujeres,
sino la poderosa industria del sexo, interesada en promover un nuevo marco
jurídico, más ventajoso para la expansión de sus negocios, que comporte la
legalización de la prostitución. Eso es lo que realmente está en juego… y es
precisamente lo que queda hábilmente embrollado por la polémica.
Veamos. No toda actividad humana
es sindicable. Nunca ha podido haber un sindicato de esclavos – lo que no
quiere decir que, a lo largo de la historia, los esclavos no se hayan rebelado
y auto-organizado. Pero, cuando lo han hecho, ha sido para abolir su
esclavitud, no para negociar el número de latigazos que se les podían
administrar. La acción sindical requiere una existencia jurídica formal de
igualdad. Y la necesidad de esa acción sindical radica en el hecho de que, a
pesar de dicha igualdad jurídica, se da una desigualdad social entre los
poseedores de los medios de producción y aquellos que sólo disponen de su
fuerza de trabajo. En ese sentido, la tradición socialista habla de la
condición de la clase obrera como de una “esclavitud asalariada”. Pero Marx
distinguía muy bien entre la situación del proletariado industrial y la de los
esclavos de las plantaciones. Tanto es así que la Iª Internacional apoyó
firmemente a Lincoln, que distaba mucho de ser socialista, en la guerra civil
americana. En el largo camino hacia la emancipación, el movimiento obrero
requería la abolición de la esclavitud para progresar en su organización.
Hoy asistimos a una intensa
batalla ideológica para que aceptemos la prostitución como un trabajo, como una
mera prestación de servicios. La constitución y el reconocimiento de sindicatos
de prostitutas certificaría, pues, la legitimación de la prostitución como una
actividad profesional más. Pero ése es, al mismo tiempo, el talón de Aquiles de
la argumentación. Porque no puede darse una acción sindical por debajo de un
umbral de reconocimiento de derechos humanos, cuya ausencia constituye la
característica fundamental de la prostitución. La prostitución se basa en una
desigualdad estructural entre hombres y mujeres; desigualdad que una sociedad
democrática no debería admitir. La prostitución es un privilegio masculino y
funciona como un comercio entre hombres: unos hombres – por medios diversos,
combinando violencia, engaño, opresión racial y explotación de situaciones de
pobreza – condicionan a unas mujeres, las deshumanizan y las ofrecen como
mercancía a otros hombres. Esa es la realidad. Por supuesto, no sólo hay
mujeres en situación de prostitución. También hay hombres, personas transexuales…
Pero los “clientes” son siempre hombres. El consumo femenino de sexo de pago es
irrelevante. La prostitución quizás sea la más genuina de las instituciones
patriarcales.
Los colectivos que defienden la
legalización de la prostitución siempre andan exigiendo que distingamos entre
prostitución forzada, resultado de la trata, y “voluntaria”. Una exigencia
exclusivamente dirigida, por cierto, al feminismo abolicionista, nunca a los
“clientes”. Pero la cuestión de la libertad no es pertinente cuando hablamos de
prostitución. Sobre todo si la disociamos del verdadero problema, que es de la
igualdad. Vale la pena recordar que la abolición de la esclavitud americana no
consistió en decir que los negros que quisieran podían abandonar los campos de
algodón de los terratenientes sureños. Lincoln no ahondó en la subjetividad de
Kunta Kinte, ni del Tío Tom. Planteó que ningún ciudadano tenía derecho a
poseer, comprar o vender a otro ser humano. En eso consiste la abolición de la
esclavitud – y, cabe esperar, de esa forma persistente de esclavitud que
constituye la prostitución: la supresión de un privilegio. Una supresión
jurídica que, aunque no suponga ni mucho menos la desaparición de aquella
relación de opresión, sí obliga a los poderes públicos a trabajar para su
erradicación y representa, en ese sentido, un progreso inestimable para la
humanidad.
Pero, volvamos al sindicalismo.
Lo que está en cuestión no es que las mujeres inmersas en el mundo de la
prostitución se organicen – cosa que no topa con ningún impedimento jurídico,
sino con las condiciones de violencia, el férreo control de las mafias
proxenetas y los estragos físicos y psicológicos que padecen esas mujeres. En
el mejor de los casos, podríamos imaginar asociaciones de ayuda mutua. Pero en
ninguna circunstancia podría hablarse de sindicatos.
En distintos países existen
organizaciones que se presentan como “sindicatos de trabajadoras sexuales”. En
general, esas entidades se caracterizan – dicho de modo suave – por la escasa
presencia de mujeres en sus filas y por el hecho de concentrar su actividad en
una propaganda de los parabienes de la prostitución, recusando de manera
calumniosa del pensamiento abolicionista. No tengo noticia de que, en parte
alguna, dichos “sindicatos” hayan negociado ningún convenio, contrato laboral o
mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres cuyos intereses dicen
defender. Y es que, sencillamente, eso no es posible. ¿Cuáles serían los
términos de un convenio del ramo de la prostitución? ¿En qué consistiría un
Estatuto de la Trabajadora Sexual? Por ejemplo… ¿cuál sería la edad legal para
empezar a ejercer la prostitución? ¿Habría una formación profesional y
contratos de aprendizaje? ¿Cómo se establecerían las tablas salariales? ¿Por el
número y la naturaleza de los “servicios”? ¿Tendrían derecho las mujeres a
rehusar clientes o a rechazar determinadas prácticas? ¿Tendrían, por ejemplo,
la obligación de seguir ejerciendo durante la menstruación o durante el
embarazo? ¿Se reconocerían las enfermedades sexualmente transmisibles como
enfermedades profesionales? Pero, sobre todo, si algo semejante llegase a
plasmarse en un papel, ¿alguien cree posible el control, por parte de la
Inspección del Trabajo, de un convenio incluyendo algún límite a la explotación
de las mujeres? Si consideramos la experiencia de Alemania, con una amplia red
de millares de burdeles, la patronal proxeneta puede dormir tranquila. La
legalización no ha supuesto una mejora en la protección de las mujeres. Al
contrario, al fomentar la demanda, se ha incrementado la trata – procedente
sobre todo de Europa del Este – para satisfacerla. Y, con todo ello, los
circuitos ilegales de prostitución.
Bajar de la nube de los discursos
de auto-consumo y aterrizar sobre el arduo terreno de la articulación práctica
de las mejoras materiales – no hay nada más práctico y concreto que el
sindicalismo –, nos lleva a darnos de bruces con la realidad: un mundo donde la
integridad y la dignidad humanas son pisoteadas, negadas por la propia
naturaleza de la relación que se establece en la prostitución. Lo que hace que
no sea sindicable. Situándonos en un elemental enfoque sindical, una supuesta
actividad profesional que, como es el caso de la prostitución, conlleva los
niveles de mortalidad, drogodependencias y enfermedades que certifican la OMS y
multitud de estudios – incluidos los de países donde, legalizado, el comercio
sexual se expande – debería ser tan proscrita como antaño lo fue el trabajo
infantil en las minas de carbón. Sin contar con las consecuencias de normalizar
la prostitución desde el punto de vista de los derechos de las mujeres en el
mundo del trabajo.
Por otra parte, ¿de qué derechos
hablan quienes arguyen que habría que reconocer la prostitución como un
trabajo? ¿Hablan acaso de la regularización administrativa de tantísimas
extranjeras pobres que nutren los contingentes de mujeres prostituidas en los
clubs de carretera y las calles de los polígonos? ¡Nadie lo desea tanto como
las abolicionistas! Porque nada facilitaría tanto la salida de la sordidez de
la prostitución por parte de esas mujeres como disponer de papeles. ¿Hablamos
de cobertura social? Nada impide a una mujer que ejerza la prostitución
inscribirse en la seguridad social en régimen de autónoma, cotizar y acceder a
las prestaciones correspondientes. Si eso no ocurre, no es porque alguna ley lo
prohiba, sino porque las mujeres que se encuentran en situación de prostitución
no gozan de la libertad y el desparpajo de quienes hablan en su nombre como
supuestas sindicalistas – y que empiezan por minimizar el fenómeno de la trata
y el control mafioso como si fuesen algo residual. Las leyes de extranjería,
las violencias de los proxenetas, la ignorancia, las adicciones, la pérdida de
autoestima y de autonomía personal… En una palabra: la propia realidad destructiva
del mundo de la prostitución es lo que aleja a las mujeres incluso de derechos
que, formalmente, ya tienen.
Pero, aparte de lo dicho, aún
nadie ha formulado, ni concebido, un derecho sindical propiamente dicho
susceptible de implementarse en las relaciones laborales del pretendido
“trabajo sexual”. Sólo escuchamos discursos sobre el “empoderamiento” que hacen
las delicias de una izquierda de matriz postmoderna que se ha socializado muy
poco en el mundo del trabajo y de un feminismo sin arraigo de clase. Sería muy
recomendable recuperar la memoria histórica y la continuidad de movimientos
feministas tan ejemplares como el que representaron en su día las “Mujeres
Libres” de la CNT. En los años treinta y en plena guerra contra el fascismo, no
disponían todavía de las herramientas conceptuales y los descubrimientos que ha
ido forjando el feminismo en décadas ulteriores. Sin embargo, sí entendieron
como nadie la solidaridad con las mujeres prostituidas, a quienes veían como
las hijas más humilladas y oprimidas de la clase obrera y a quienes había que
devolver a un lugar digno de la sociedad. Y eso, levantándose contra los
privilegios y el dominio de los hombres… empezando por los de la propia CNT.
(Ver el magnífico trabajo de Nekane Jurado, “Lucharon contra la hidra del
patriarcado: Mujeres Libres”, editado por Eusko Lurra fundazioa).
En resumen: no es el derecho de
asociación lo que está amenazado por el gobierno, sino el derecho de las
mujeres a no ser prostituidas lo que está en peligro ante el poderío de las
industrias del sexo. Unas industrias que generan enormes beneficios y que
quieren seguir expandiéndose. Y unas industrias que despliegan campañas
publicitarias muy eficaces, con mensajes específicos para seducir a cada
colectivo de las bondades de una prostitución adaptada a sus respectivas ideas.
Ante las feministas, se evoca el derecho al propio cuerpo. A los
anticapitalistas, se les habla de auto-organización. A los sindicalistas, de
derechos laborales. En Alemania hubo hace algún tiempo una campaña promocional,
ofreciendo descuentos a los clientes que acudiesen al burdel en bicicleta.
¿Quién dijo que la prostitución está reñida con la ecología? Si hemos de
atenernos al revuelo que se ha formado estos días – e incluso a las dudas
aparecidas en las filas de algún sindicato de clase – hay que reconocer que
esas maniobras de confusión funcionan.
En la prostitución, los únicos
derechos que prevalecen son los de proxenetas y puteros. Para que triunfen los
de las mujeres son necesarios cambios legislativos que nos saquen del actual
limbo jurídico. Pero no en el sentido que querrían los proxenetas, deseosos de
instalarse en el panorama social como respetables empresarios. Necesitamos con
urgencia una legislación inspirada en el modelo abolicionista feminista nórdico,
que despenalice y proteja a las mujeres y, por el contrario, castigue la compra
de servicios sexuales. Sin demanda, no habría prostitución, ni trata. A no ser
que creamos que la prostitución constituya un derecho del hombre.
Lluís Rabell (2/09/2018)
https://acciofeminista26n.files.wordpress.com/2011/10/mostra3-llibre-abolicio_nomc3a9s_lectura.pdf
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